Mientras la atención pública se ha concentrado en el huachicol fiscal y sus muy marítimas travesías, la presidenta de la República presentó una iniciativa para reformar diversos preceptos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de abril de 2013. La misma tiene algunos aspectos novedosos y positivos que es necesario reconocer. Me refiero aquí a la ampliación de la tramitación electrónica de este juicio, a la asignación de competencias al Órgano de Administración Judicial para regular los procesos electrónicos y los expedientes judiciales, a la limitación consistente en emitir en un plazo máximo de 60 días las sentencias de amparo, así como a la obligación de publicar estas últimas sin la adición de votos particulares. Sobre esto habría poco que criticar, al menos, en el ámbito abstracto de los enunciados legales. De hacerse bien las cosas —normativa y operativamente—, estos cambios podrían darle concentración y celeridad a la tramitación del amparo.
Source: EL PAÍS Edición México: el periódico global en EL PAÍS
